Tres jarros de agua fría para el ahorro en jubilaciones privadas

Fuente: www.expansion.com

Tres jarros de agua fría para el ahorro en jubilaciones privadas

 
08.07.2014 Elisa del Pozo

Malos tiempos para el ahorro privado en pensiones. En los seis últimos meses se han sucedido las noticias negativas para una actividad que en principio se pretende incentivar o eso creían las gestoras y aseguradoras.

Tres jarros de agua fría para el ahorro en jubilaciones privadas

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La Dirección General de Seguros y Pensiones realizó un informe con medidas para el fomento de las pensiones privadas con las propuestas de todos los agentes implicados. El Ministerio de Economía debía entregar estas propuestas en el Parlamento a la Comisión de Seguimiento del Pacto del Toledo, aunque el informe está olvidado en un cajón de Seguros y Pensiones.

El objetivo es, o era, lograr un consenso entre todos los implicados para potenciar este ahorro ante la imposibilidad de la Seguridad Social de mantener en el futuro sus prestaciones. De hecho, la tasa media de sustitución en España –el porcentaje que representa la pensión sobre el último salario– ha bajado ya del 81% al 73% con las últimas rebajas de la pensión pública y todo indica que las modificaciones futuras seguirán por esta senda.

Pero lo cierto es que mientras el mercado esperaba los incentivos, se han sucedido los jarros de agua fría para el sector. Primero fue la reforma de cotizaciones de la Seguridad Social de finales de 2013 que castiga las aportaciones a planes, luego, la nueva fiscalidad diseñada por el Gobierno que reduce los incentivos tributarios para este ahorro y, como no hay dos sin tres, la semana pasada se conoció la sentencia del Constitucional sobre las entidades de previsión social voluntaria vascas (EPSV), similares a los planes de pensiones en el País Vasco.

El alto tribunal elimina, entre otras cosas, la opción de rescatar el ahorro de las EPSV tras alcanzar una antigüedad de diez años. Esta posibilidad de recuperación era una de las reivindicaciones incluidas en el informe de medidas para el fomento de las pensiones privadas. Las gestoras creen que la norma general de no poder romper la hucha hasta el momento de la jubilación es uno, sino el principal, escollo de los planes de pensiones frente a otros productos de ahorro.

La sentencia, que priva a las EPSV de uno de sus principales atractivos, argumenta que si éstas son similares a los planes de pensiones regidos por la normativa estatal deben tener las mismas condiciones de rescate. Pero lo cierto es que si el ahorro en pensiones privadas tiene como objetivo complementar la prestación pública de jubilación, que es vitalicia, difícilmente va a cumplir su misión si el ahorro se saca de la hucha antes.

Lo que si lograrían los planes es aumentar su capacidad de competir con otros productos líquidos, algo que evidentemente tienen muy presente las entidades que trabajan en esta actividad. En cualquier caso, el rescate a los diez años debería estar condicionado a la devolución de las deducciones en el IRPF obtenidas por las aportaciones realizadas y recuperadas antes de la jubilación.

Los beneficios fiscales de estos productos son su principal baza comercial, pero la reforma tributaria diseñada por el Gobierno limita los que recaen en quienes tienen mayor capacidad de hacer aportaciones elevadas.

Esta medida, que no ha gustado nada al sector, está en línea con la recomendación de la OCDE. La organización mantiene que es necesario revisar estos incentivos para que favorezcan a quienes más lo necesitan teniendo en cuenta que el objetivo es extender la previsión social a todas las capas sociales, con especial apoyo a las que tienen menos capacidad de ahorro.

Esta idea de universalización de las jubilaciones privadas dista mucho del esquema implantado en España, donde la capacidad de ahorro es reducida. La generalización de la cobertura de las jubilaciones privadas pasa necesariamente por la implantación obligatoria de los planes de pensiones de empleo, donde las empresas realizan una aportación para su plantilla. En España estos productos –que son voluntarios y se crean cuando sindicatos y empresas logran un acuerdo para ello– han tenido un desarrollo muy limitado y el futuro es poco esperanzador.

Los rigores de la crisis han empeorado aun más la situación y habrá que esperar tiempos mejores para buscar los mimbres de un sistema universal de pensiones privadas que complemente el público.

La tarea no es fácil –aunque la concienciación de su necesidad es cada vez mayor– y requiere un esfuerzo de todos los implicados: empresas, trabajadores y Estado. Desde los tres ámbitos se debería repartir la carga y realizar algún tipo de aportaciones que pueden estar ligadas. Por ejemplo la empresa y el Estado hacen una determinada aportaciones siempre que lo haga el trabajador, o cualquier otra combinación que se considere oportuna.

El Estado como árbitro del sistema debería contar con un papel fundamental en este diseño en el que se debería tener muy claro si se quiere un esquema con un tinte más social u otro más comercial. Es un camino que otros países han tardado años en recorrer y que requiere acuerdos políticos. Se trata en definitiva de decidir si las pensiones privadas son sobre todo una cobertura social o un negocio para las entidades que las venden.

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Trabajador español
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